El Senado de la Nación debatirá un proyecto clave del Gobierno nacional que busca regularizar fondos no declarados y promover su ingreso al circuito económico formal. La iniciativa, conocida como ley de Inocencia Fiscal, apunta a incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón” como una herramienta para estimular el consumo y la inversión durante 2026.
El proyecto forma parte de la estrategia económica de la gestión de Javier Milei, que promueve un esquema de competencia de monedas y una mayor circulación de divisas dentro del sistema financiero. Según el planteo oficial, permitir que esos ahorros hoy fuera del circuito ingresen a la economía contribuiría a una remonetización en dólares y a la recuperación de la actividad.
Entre los principales cambios, la iniciativa propone una reforma del Régimen Penal Tributario, con una fuerte actualización de los montos a partir de los cuales se consideran delitos fiscales. El piso para la evasión simple pasaría de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que el umbral para la evasión agravada se elevaría de 15 millones a 1.000 millones.
Además, se crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias destinado a personas físicas con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonios inferiores a 10.000 millones. En estos casos, el tributo se calcularía en función de la facturación y no del patrimonio total del contribuyente.
Otro punto relevante es la incorporación de un mecanismo para extinguir la acción penal en causas tributarias. Si el proceso judicial ya estuviera iniciado, el contribuyente podrá cerrarlo mediante el pago total de la deuda más un adicional del 50%, siempre que lo haga dentro de los 30 días. Esta opción podrá utilizarse una sola vez por persona o empresa.
El texto también limita los casos en los que el organismo recaudador puede formular denuncias penales, especialmente cuando las diferencias surjan de criterios interpretativos o cuestiones técnico-contables, o cuando los ajustes se basen únicamente en presunciones legales.
En cuanto a los plazos de control, el proyecto reduce el tiempo que tiene el Estado para revisar y reclamar impuestos, estableciendo períodos de tres, cinco o diez años, según el nivel de cumplimiento fiscal del contribuyente.
Actualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero cuenta con un plazo general de cinco años para exigir pagos y aplicar sanciones, tanto a contribuyentes inscriptos como a aquellos no obligados a inscribirse.
Desde el Ejecutivo aclaran que la iniciativa no elimina registros fiscales ni introduce modificaciones en la Ley de Prevención del Lavado de Activos, ni en las facultades de investigación de la Unidad de Información Financiera.
Como fundamento, el Gobierno sostiene que la propuesta busca aliviar la alta carga impositiva sobre el sector formal, fomentar la regularización voluntaria de capitales y reconstruir la relación entre el Estado y los contribuyentes, a quienes define como ciudadanos que actúan de buena fe.