El Gobierno nacional se encuentra trabajando en la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal, en un contexto marcado por la tensión con los bancos privados, que aún no aplican el nuevo esquema para el depósito de dólares ahorrados fuera del sistema financiero.
Desde el Ejecutivo aseguraron que la normativa se encuentra en etapa final y que su publicación en el Boletín Oficial podría concretarse en los próximos días, aunque por el momento no hay una fecha confirmada. Según fuentes oficiales, distintas áreas del Gobierno trabajan de manera coordinada para cerrar los detalles técnicos y legales.
La polémica se desató luego de que varias entidades financieras mantuvieran los controles tradicionales y exigieran declaraciones juradas sobre el origen de los fondos, a la espera de la reglamentación formal. Esto derivó en fuertes cuestionamientos públicos por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reclamó una rápida implementación de la ley sancionada por el Congreso.
Ante ese escenario, el Gobierno decidió reforzar el rol del Banco Nación, al que instó a recibir depósitos de dólares de quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, sin exigir documentación adicional más allá de la adhesión al sistema.
Desde el oficialismo remarcaron que la ley de Inocencia Fiscal no constituye un blanqueo, sino un cambio en el enfoque tributario que busca incentivar el uso de ahorros no declarados, dentro de un límite establecido, sin penalizar a pequeños y medianos ahorristas.
En ese sentido, desde ARCA explicaron que quienes se incorporen al régimen solo tributarán por lo facturado y que no se analizará el incremento patrimonial en operaciones por debajo del tope previsto por la ley. Superado ese umbral, los contribuyentes pasarán a una categoría de mayor control.
Al mismo tiempo, aclararon que las investigaciones vinculadas a delitos complejos, como el lavado de dinero o el narcotráfico, continuarán bajo la órbita de la Justicia y los organismos especializados, sin modificaciones en los controles penales vigentes.
Con la reglamentación en marcha, el Gobierno busca destrabar la aplicación plena de la ley, reducir la incertidumbre del sistema financiero y avanzar en la incorporación de dólares al circuito formal, en un contexto económico que sigue bajo observación.