El sistema penitenciario argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos. Un reciente informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) reveló que durante 2024 el país alcanzó el número más alto de personas privadas de la libertad de los últimos 25 años.
Según el relevamiento, 121.443 personas se encuentran detenidas en cárceles argentinas, lo que representa una tasa de encarcelamiento de 258 personas cada 100.000 habitantes. La cifra marca un récord histórico y expone un escenario de sobrepoblación estructural, con establecimientos que funcionan, en promedio, al 130,2% de su capacidad.
Un crecimiento que no se detiene
El documento, titulado “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos. Argentina 2024”, advierte que el encarcelamiento en el país mantiene una tendencia ascendente sostenida desde hace más de dos décadas, con la única excepción del año 2020, cuando la pandemia provocó una leve disminución.
Durante 2024, la población carcelaria creció un 7,1%, un ritmo incluso mayor al promedio anual registrado en los últimos 25 años. Si bien distintas jurisdicciones ampliaron la capacidad de alojamiento en un 17,5%, esa expansión no alcanzó para compensar el ingreso constante de nuevos detenidos.
En términos prácticos, esto implica que hay 130 personas alojadas por cada 100 plazas disponibles, lo que profundiza los problemas de infraestructura, seguridad y condiciones de detención.
Provincias con niveles críticos de sobrepoblación
El informe detalla que varias provincias superan el promedio nacional de ocupación carcelaria. Entre las jurisdicciones con mayor nivel de saturación se encuentran Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan y Tierra del Fuego.
En contraste, solo cuatro provincias lograron mantener niveles de ocupación inferiores al 90%: Catamarca, Tucumán, Chubut y Santiago del Estero.
Quiénes están privados de la libertad
El perfil de la población detenida muestra una marcada mayoría masculina: el 95,4% son varones, en su mayoría jóvenes. Seis de cada diez personas presas tienen entre 21 y 39 años.
La población extranjera representa el 4,5% del total, aunque su presencia es mayor dentro del Servicio Penitenciario Federal, donde alcanza el 16,1%, principalmente por causas vinculadas a delitos federales y fronterizos.
En cuanto a la situación judicial, el informe señala que:
- El 62% de las personas detenidas tiene condena firme.
- El 37,3% permanece en prisión preventiva, es decir, sin sentencia.
- Aunque el porcentaje de procesados bajó levemente, el número absoluto sigue creciendo: pasó de 43.191 en 2022 a 45.305 en 2024.
- La desigualdad de género es marcada: mientras el 36,8% de los varones está procesado, en el caso de las mujeres la cifra asciende al 48,6%.
Delitos y penas cortas
Otro dato relevante del informe es el tipo de delitos que llevan al encierro. En los varones predominan los delitos contra la propiedad, mientras que en mujeres y personas trans los delitos vinculados a estupefacientes son la principal causa de detención.
Además, el CNPT destacó que el 17% de las personas condenadas cumple penas menores a tres años, lo que equivale a 12.787 detenidos. Se trata, en su mayoría, de delitos de baja o nula violencia que, según el organismo, podrían abordarse con medidas alternativas al encierro para aliviar la saturación del sistema.
Salud mental y encierro
El informe también puso el foco en la situación de las personas privadas de la libertad por motivos de salud mental. Actualmente, 256 personas se encuentran alojadas bajo medidas de seguridad curativas, lo que representa el 0,2% del total nacional.
Sin embargo, en algunas provincias el porcentaje es mucho mayor. En Misiones, por ejemplo, alcanza el 4,8%, superando ampliamente el promedio del país.
El CNPT advirtió que el alojamiento de estas personas en cárceles genera graves vulneraciones de derechos, ya que los establecimientos penitenciarios priorizan criterios de seguridad por sobre los abordajes terapéuticos, lo que deriva en tratamientos insuficientes o inexistentes.