El Gobierno avanza en la reglamentación de la reforma laboral con la intención de publicarla en la primera semana de marzo y minimizar el impacto de posibles amparos y planteos de inconstitucionalidad.
En la Casa Rosada dan por hecho que la iniciativa obtendrá media sanción y sostienen que la judicialización será inevitable una vez que la norma entre en vigencia. Por eso, equipos técnicos y jurídicos trabajan en un decreto reglamentario que precise aspectos sensibles —como la aplicación a contratos vigentes y el alcance de los nuevos procedimientos— para reducir márgenes de interpretación y litigiosidad.
En paralelo, el oficialismo impulsa cambios en el esquema de la Justicia laboral. A través del decreto 95/2026 se delegó en el jefe de Gabinete la firma del acuerdo para transferir competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, con una vigencia transitoria hasta concretar el traspaso y su posterior disolución progresiva.
El Gobierno considera que esa reorganización también forma parte de la estrategia para enfrentar los cuestionamientos judiciales que ya anticiparon sectores sindicales. En el Ejecutivo asumen que el debate terminará en la Corte Suprema y confían en contar con respaldo suficiente para sostener la constitucionalidad de la reforma.