La cadena de electrodomésticos Garbarino, una de las marcas más reconocidas del comercio argentino durante décadas, fue declarada oficialmente en quiebra por la Justicia comercial, que además dispuso la liquidación total de sus activos tras el fracaso de las negociaciones con los acreedores.
La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, quien concluyó que ya no existían alternativas viables para sostener la continuidad de la empresa. En el fallo, firmado el 4 de marzo, el magistrado señaló que la compañía no consiguió reunir el respaldo necesario de los acreedores para aprobar una propuesta de pago dentro del concurso preventivo, lo que terminó por habilitar la quiebra.
A partir de esta resolución, la empresa pierde el control sobre su patrimonio, que pasará a ser administrado por una sindicatura designada por la Justicia. Ese organismo será el encargado de evaluar los bienes, administrarlos y avanzar con su venta o subasta para intentar cubrir parte de las deudas acumuladas con proveedores, empleados y otros acreedores.
Entre los activos más relevantes aparecen dos plantas industriales ubicadas en el sur del país, además de las marcas Garbarino y Compumundo, que ahora quedarán bajo control judicial mientras se define su destino dentro del proceso de liquidación.
El fallo también incluyó medidas contra las autoridades de la compañía. El presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales quedaron inhabilitados para ejercer el comercio y además no podrán salir del país hasta octubre de 2026, período en el que se espera que la sindicatura presente un informe completo sobre la situación patrimonial de la firma.
En paralelo, la Justicia dispuso la clausura de varios locales de la empresa en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos los ubicados en la avenida Cabildo, la calle Uruguay y el barrio de Almagro. En esos lugares se realizarán inspecciones para relevar mercadería, documentación y otros bienes que puedan incorporarse al proceso de quiebra.
Una crisis que se arrastraba desde hace años
La situación de Garbarino se había formalizado en noviembre de 2021, cuando la empresa se presentó en concurso preventivo luego de atravesar una profunda crisis financiera que derivó en el cierre de numerosos locales y el despido de más de 1.800 trabajadores.
Desde ese momento la compañía intentó alcanzar un acuerdo con sus acreedores para evitar la liquidación, pero las negociaciones nunca prosperaron.
El empresario Carlos Rosales, quien había comprado la firma en junio de 2020 a la familia fundadora, sostuvo en distintas oportunidades que la empresa ya se encontraba en una situación crítica al momento de la adquisición. Según explicó, la compañía tenía un nivel de endeudamiento elevado y un capital de trabajo muy reducido.
Rosales aseguró además que su gestión había diseñado un plan de reconversión que incluía reducir la red de locales de unos 140 puntos de venta a cerca de 60 y enfocar el negocio en logística y comercio electrónico, con el objetivo de adaptar la empresa a un modelo más eficiente.
En ese marco, también indicó que durante ese período se logró refinanciar deuda bancaria por cerca de 500 millones de pesos con entidades financieras como Banco Santander y Banco Galicia.
Sin embargo, el deterioro económico, las dificultades financieras y la caída del consumo terminaron por impedir la recuperación de la compañía.
La quiebra de Garbarino marca así el cierre definitivo de una de las cadenas de electrodomésticos más emblemáticas del país, cuya crisis se extendió durante más de cinco años y dejó un fuerte impacto en el sector comercial y laboral argentino.