Dos mujeres fueron detenidas en el marco de una causa que investiga un grave caso de explotación infantil y reducción a la servidumbre en un hogar de Florencio Varela, donde 13 chicos y chicas menores de edad habrían sido obligados a realizar tareas forzadas durante largos períodos.
La investigación está en manos de la Fiscalía N° 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo, y apunta a determinar la responsabilidad de las acusadas en un esquema de sometimiento que, según la causa, expuso a los menores a condiciones de vida incompatibles con su edad, su salud y su desarrollo.
De acuerdo con la pesquisa, los chicos debían hacer trabajos físicos pesados, entre ellos preparar mezcla, mover maderas, piedras y otros materiales, realizar tareas de albañilería y cortar cañas con machetes para levantar cercos. También eran obligados a limpiar desechos de animales, cortar pasto, alimentar perros y caballos, y cargar bultos de gran peso.
Además, tenían que ocuparse del mantenimiento y la limpieza de las viviendas y del predio, muchas veces sin control adecuado de adultos y en situaciones consideradas de riesgo. Según la acusación, esas tareas se extendían durante buena parte del día y en algunos casos hasta la noche, incluso bajo malas condiciones climáticas.
La causa también sostiene que los menores sufrían castigos si se resistían a trabajar. Entre otras situaciones denunciadas, habrían sido privados de alimentos, obligados a permanecer afuera en jornadas de frío o durante la noche y aislados de vecinos o personas ajenas al lugar para impedir que contaran lo que ocurría.
Los investigadores señalaron además que algunos chicos eran golpeados cuando no cumplían con las tareas impuestas. Durante las inspecciones, también se detectaron problemas de hacinamiento, falta de higiene, alimentación deficiente y episodios en los que algunos menores dormían junto a perros.
A eso se suma que varios continuaban realizando esfuerzos aun cuando estaban enfermos, sin atención médica adecuada y con serias dificultades para sostener la escolaridad, una situación que, según la investigación, afectó de manera grave derechos básicos vinculados a la salud, la educación y la protección integral de los menores.