La investigación judicial por el viaje que Manuel Adorni realizó a Punta del Este durante febrero sumó en las últimas horas una nueva medida: el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de firmas y personas vinculadas al vuelo privado utilizado para ese traslado. El objetivo es determinar quién pagó efectivamente el viaje y si existieron irregularidades en su financiamiento.
Entre las empresas bajo análisis aparece Imhouse S.A., una firma señalada en el expediente como presunta pagadora del tramo de ida. Distintos informes periodísticos sostienen que esa sociedad está vinculada a Marcelo Grandio y que la documentación incorporada a la causa indica que el vuelo de salida hacia Uruguay habría sido abonado mediante una transferencia por un monto equivalente a 4.830 dólares a la empresa aérea Alpha Centauri S.A..
La causa busca establecer si el viaje tuvo carácter estrictamente privado o si existió algún tipo de cobertura, beneficio o vínculo incompatible con funciones públicas. En ese marco, Lijo también requirió a la Secretaría General de la Presidencia que informe si hubo alguna misión oficial, autorización, asignación de viáticos o rendición de gastos relacionada con la estadía de Adorni en Uruguay.
Además, el magistrado ya había pedido acceder a registros fílmicos del aeropuerto de San Fernando, junto con documentación comercial y respaldatoria del vuelo, para reconstruir cómo se organizó el traslado y bajo qué condiciones fue contratado. También se solicitó información sobre otros movimientos aéreos en la misma franja horaria.
Según lo publicado por distintos medios, el expediente fue impulsado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que intenta determinar si en el caso pudo haberse configurado un eventual delito de dádivas o enriquecimiento ilícito. Por ahora no hay una definición judicial sobre responsabilidades, pero las nuevas medidas apuntan a reconstruir el circuito financiero detrás del viaje y a verificar si alguna de las firmas involucradas mantenía relaciones contractuales con áreas estatales bajo la órbita del funcionario.