El caso de Noelia Castillo volvió a conmover a España en las últimas horas, luego de que se confirmara que este jueves accederá a la eutanasia, un procedimiento que había solicitado tras quedar parapléjica y sufrir un fuerte deterioro en su calidad de vida.
La joven, de 25 años y oriunda de Barcelona, había iniciado este camino después de un intento de suicidio ocurrido en 2022, cuando se arrojó desde un quinto piso. Esa caída le provocó lesiones irreversibles y la dejó con secuelas severas, entre ellas dolor neuropático, dependencia para actividades cotidianas e incontinencia.
Antes de ese episodio, Noelia había atravesado una historia personal marcada por situaciones muy difíciles. Distintos medios españoles señalaron que creció en un entorno familiar atravesado por conflictos, adicciones y problemas de salud mental, y que gran parte de su infancia y adolescencia transcurrió en centros de menores. Ese mismo año, además, fue víctima de una violación grupal.
Frente a ese cuadro, pidió acceder a la eutanasia, un derecho contemplado por la legislación española. En julio de 2024, la comisión encargada de evaluar su situación aprobó por unanimidad la prestación de ayuda para morir, al considerar que reunía los requisitos exigidos por la ley: una condición clínica irreversible, sufrimiento crónico e imposibilitante y un nivel de dependencia grave.
Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversias. Su padre intentó frenar la decisión a través de distintas acciones judiciales y recurrió incluso a una organización contraria al procedimiento. Aunque en un momento la práctica quedó suspendida de forma provisoria, las distintas instancias judiciales terminaron avalando su legalidad y rechazaron los planteos presentados.
En sus últimas apariciones públicas, Noelia dejó en claro cuál era su postura. Expresó que deseaba terminar con el sufrimiento acumulado durante estos años y remarcó que buscaba irse en paz. También reconoció el impacto que su decisión provocaba en su familia, que no compartía su postura.
Su caso reabrió en España el debate sobre la eutanasia, los límites de la intervención judicial y el peso de la autonomía personal en situaciones de sufrimiento extremo.