La Universidad Nacional de La Plata volverá a quedar atravesada por un nuevo paro docente la semana próxima, en el marco del plan de lucha impulsado por ADULP y las federaciones universitarias. La medida no solo impactará en las facultades, sino también en los colegios, donde la preocupación crece entre muchas familias que advierten que el ciclo lectivo comenzó con una fuerte irregularidad y con chicos que, según denuncian padres de las escuelas dependientes de la UNLP, apenas acumularon nueve días de clases desde el inicio formal del año.
El conflicto expone una tensión cada vez más visible. Por un lado, el derecho de huelga tiene reconocimiento constitucional y es totalmente válido en la Argentina a través del artículo 14 bis. Por otro, también tienen jerarquía constitucional y legal el derecho de enseñar y aprender, el derecho a la educación y la obligación estatal de garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad educativa, especialmente en niñas, niños y adolescentes. La Ley de Educación Nacional establece que la educación es un derecho personal y social, mientras que la Ley 26.061 dispone que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita.
En ese marco, el malestar entre las familias, los adolescentes y los docentes crece no solo por la cantidad de días perdidos, sino por la falta de respuestas concretas del Gobierno nacional. En los colegios de la UNLP, el paro de una semana ya realizado afectó de lleno a la Escuela Graduada, el Colegio Nacional, el Liceo y Bellas Artes, y ahora se suma una nueva tanda de interrupciones justo después de una breve reanudación de actividades y en coincidencia con feriados que achican aún más el calendario real de clases.
La discusión, sin embargo, exige cuidado. El reclamo docente es real y no aparece desligado de una crisis salarial que nadie discute. Los gremios sostienen que la pérdida del poder adquisitivo es severa y que el Gobierno nacional mantiene una postura de ignorar las demandas del sector. De hecho, la propia cobertura del conflicto ubica como telón de fondo el fracaso de las negociaciones y la falta de avances en materia de financiamiento universitario y recomposición salarial.
Pero, al mismo tiempo, cada nueva semana sin clases profundiza otra discusión que ya salió del ámbito gremial y se instaló en hogares, aulas y pasillos: qué pasa cuando una medida legítima en su origen deja, en los hechos, a chicos y jóvenes sin continuidad pedagógica y sin horizonte claro, sin una rutina formada y con una inestabilidad emocional que los afecta cada día más. La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada al sistema jurídico argentino, refuerza la obligación de proteger las trayectorias educativas y de no afectar el desarrollo integral de niños y adolescentes.
Así, la postal en la UNLP vuelve a repetirse: docentes que reclaman por salarios y presupuesto, un Gobierno que no ofrece una salida visible y estudiantes —desde primaria hasta la universidad— atrapados en el medio de una disputa que se prolonga. La pregunta que empieza a escucharse con más fuerza entre padres y alumnos ya no apunta a desconocer el derecho de los trabajadores, sino a interrogar si el conflicto, tal como se viene desarrollando, no está dejando sin respuesta otro derecho igual de básico: el de estudiar.