El Gobierno nacional volvió a poner en marcha en el Congreso la denominada “Ley de Hojarascas”, una iniciativa con la que busca derogar más de 70 normas que considera desactualizadas, innecesarias o contrarias al esquema jurídico actual. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación, retoma un planteo que ya había sido presentado el año pasado, pero que no avanzó y perdió estado parlamentario.
Según se desprende de los fundamentos del proyecto, la intención oficial es reducir el volumen de leyes que, a criterio del Ejecutivo, hoy solo generan trabas burocráticas, costos administrativos y restricciones para actividades o derechos que ya no deberían estar alcanzados por ese tipo de regulaciones. En ese análisis se incluyen normas sancionadas desde el siglo XIX hasta la actualidad.
Entre los argumentos expuestos aparecen leyes que habrían quedado superadas por otras más modernas, disposiciones que perdieron sentido frente a los cambios tecnológicos y sociales, y también artículos que, según el Gobierno, chocan con principios constitucionales o sostienen estructuras estatales sin utilidad real. El proyecto menciona además organismos extinguidos, fondos inactivos y requisitos administrativos que considera absurdos o sin aplicación práctica.
Dentro del listado de ejemplos citados figuran viejas regulaciones sobre microfilmación de documentos, la autorización de la televisión a color, el carnet de mochilero, controles sobre reuniones en ámbitos cerrados y beneficios o privilegios que, para la Casa Rosada, ya no tienen razón de ser. Con este nuevo envío al Parlamento, el oficialismo buscará reabrir el debate sobre una poda normativa de gran alcance.