Lo que está ocurriendo en las escuelas de pregrado dependientes de las universidades nacionales ya no admite demasiados matices: miles de niños, niñas y adolescentes están siendo privados de su derecho a estudiar. Y los responsables tienen nombre propio: la CONADU, los sindicatos docentes —en el caso platense, ADULP— y por sobre todo también un Gobierno que, pese a los anuncios, no le importa, no logra —o no quiere— resolver el conflicto.
El ciclo lectivo avanza, pero las aulas siguen vacías por el desfinanciamientos de parte del gobierno nacional a las Universidades. Paros reiterados, semanas recortadas y medidas de fuerza encadenadas transformaron la educación en un esquema intermitente, imprevisible y profundamente injusto para los más indefensos y perjudicados: los chicos. Mientras los adultos discuten, los alumnos pierden días irrecuperables de formación, de rutina, de vínculos, de socialización y de aprendizaje.
El derecho a huelga existe, pero no es absoluto ni puede ejercerse a cualquier costo. Cuando las medidas se repiten sin límite, sin estrategias alternativas y sin contemplar el impacto real, dejan de ser solamente un reclamo legítimo para convertirse también en un mecanismo que vulnera otro derecho fundamental: el de aprender. Hoy, la CONADU, ADULP y todos los sindicatos parecen haber cruzado esa línea.
La falta de clases no es un daño colateral: es el núcleo del problema. No hay planificación clara, no hay garantías de recuperación de contenidos y no hay respuestas concretas para las familias. Los estudiantes quedan abandonados a su suerte, atrapados en una disputa sindical que se prolonga indefinidamente, sin soluciones ni horizonte.
Pero el Gobierno tampoco puede correrse de esta responsabilidad. La incapacidad para cerrar acuerdos, pese a contar con herramientas presupuestarias o, simplemente, cumplir con la ley de financiamiento universitario, demuestra una preocupante falta de gestión. Ignorar el problema es también ignorar la educación. En ese sentido, el Gobierno es tan artífice de la pérdida de clases como los propios sindicatos. La educación quedó atrapada en una interna que nadie resuelve y que, por momentos, pareciera que nadie quiere resolver.
El resultado es alarmante: chicos con apenas unos pocos días efectivos de clases, programas que no se cumplen, pérdida de rutina, dificultades para socializar y una incertidumbre total sobre el desarrollo del año. Y lo más grave de todo es que nadie se hace cargo.
La CONADU, ADULP y los sindicatos docentes universitarios a lo largo y ancho del país sostienen medidas que golpean directamente a los alumnos, aunque poco parecen afectar a un Gobierno que hace oídos sordos o responde con anuncios que no alcanzan. En el medio, el derecho a la educación —garantizado por la Constitución— termina convertido en una promesa vacía.
Esto ya no es solo un conflicto sectorial. Es una vulneración directa a miles de estudiantes que ven cómo su formación queda relegada frente a intereses que, hoy por hoy, parecen estar muy lejos del aula.
La pregunta es inevitable: ¿quién se hace cargo del tiempo perdido por los niños y niñas? ¿Quién garantiza que puedan recuperar lo que están perdiendo? Hasta ahora, ni la CONADU, ni ADULP, ni el Gobierno dieron una respuesta clara. A nadie pareciera importarle.
Y mientras tanto, el ciclo lectivo sigue avanzando… pero sin clases.