La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir de manera inmediata con puntos centrales de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. La resolución mantiene vigente la orden para aplicar el artículo 5 y el primer párrafo del artículo 6 de la ley 27.795, vinculados a la recomposición salarial docente y a la actualización de becas estudiantiles.
El caso se originó a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales contra el decreto 759/25, con el que el Poder Ejecutivo había promulgado la ley, pero supeditando su ejecución a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas en el presupuesto. Frente a eso, la Justicia ya había hecho lugar a una cautelar en primera instancia y ahora la Cámara confirmó esa decisión.
En su análisis, el tribunal consideró que existían elementos suficientes para sostener la medida preventiva. Entre otros puntos, remarcó que la insistencia del Congreso para convertir el proyecto en ley bajo el artículo 83 de la Constitución no admitía variantes suspensivas y que, en esta etapa, se verificaba una obligación concreta del Poder Ejecutivo de avanzar con su cumplimiento. También ponderó que el deterioro de los ingresos del sector afectado podía generar perjuicios graves de difícil reparación posterior.
Además, el fallo puso de relieve que la falta de aplicación de la ley no solo impacta sobre los haberes y las becas, sino también sobre el derecho a enseñar y aprender. En ese marco, la resolución recordó que el impacto fiscal estimado para la medida había sido calculado en un 0,23% del PBI, un porcentaje que el juzgado evaluó como acotado frente a la magnitud del conflicto universitario.
Durante la apelación, el Estado nacional cuestionó la medida cautelar al sostener que la ejecución de la ley debía armonizarse con las normas generales de administración financiera y advirtió sobre una posible afectación del equilibrio fiscal. También objetó que se incluyera la actualización de las becas dentro del alcance de la decisión. Sin embargo, la resolución revisada dejó firme, al menos en esta etapa del expediente, la obligación estatal de avanzar con esos dos aspectos centrales de la norma.
De esta manera, la cautelar seguirá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa, en una disputa que vuelve a poner en el centro de la escena el financiamiento del sistema universitario, la pérdida salarial docente y el sostenimiento de las ayudas económicas para estudiantes.