La investigación judicial que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un nuevo capítulo con procedimientos realizados en tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, firma que intervino en la operación de compraventa del departamento que el funcionario adquirió en Caballito. Los operativos se llevaron a cabo en los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Villa del Parque.
Según surge del expediente, la medida apuntó a obtener documentación vinculada a la venta del inmueble ubicado sobre la calle Miró al 500, comprado el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares. La fiscalía busca reconstruir en detalle cómo se estructuró la operación y cuál fue el circuito financiero utilizado para concretarla.
Uno de los aspectos que más atención genera en la causa es el esquema con el que se cerró la compra. De acuerdo con la documentación analizada, las mujeres que figuraban como vendedoras del departamento también quedaron registradas como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, repartida en partes iguales. Ese acuerdo contempló un plazo de devolución de un año, sin intereses, y estableció que si no se cancela en noviembre de 2026, el inmueble deberá ser restituido.
La escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en esa operación, declaró ante la Justicia y sostuvo que no se trató de un préstamo en efectivo sino de una compraventa con saldo financiado e hipoteca. Pese a esa explicación, en la fiscalía siguen analizando la lógica económica del acuerdo y el beneficio real que habrían tenido las acreedoras dentro de una estructura sin interés.
En paralelo, el expediente también incorpora otros movimientos inmobiliarios del funcionario. Entre ellos aparece una hipoteca sobre un departamento de su propiedad en la calle Asamblea, firmada en noviembre de 2024 por 100 mil dólares, y la posterior compra de una vivienda en el country Indio Cuá a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, por 120 mil dólares.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que apuntó a presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita considera que existen elementos suficientes para seguir profundizando la pesquisa sobre la evolución patrimonial de Adorni y sobre las operaciones que quedaron bajo sospecha.