El Banco Mundial volvió a poner bajo la lupa al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y aseguró que se trata de un ejemplo de política mal diseñada, con altos costos fiscales y escasos resultados en términos de innovación y productividad. Según el organismo, el esquema vigente demanda más de USD 1.000 millones por año y genera incentivos que, lejos de fortalecer una industria competitiva, terminan profundizando la dependencia del respaldo estatal.
El señalamiento aparece en un informe titulado “Revisitando la política industrial: opciones estratégicas para la actualidad”, donde la entidad advierte que los programas de apoyo económico sostenidos sin límites temporales ni mecanismos de reducción progresiva pueden derivar en efectos contrarios a los buscados originalmente. En ese marco, sostuvo que el caso fueguino arrastra problemas estructurales que se mantienen desde hace décadas.
El documento repasó que el régimen fue creado en 1972 con el objetivo de impulsar el poblamiento, el empleo y la actividad económica en una zona considerada estratégica. Sin embargo, evaluó que la combinación de exenciones impositivas y ventajas comerciales no logró traducirse en un desarrollo industrial sólido ni en mejoras tecnológicas de peso.
Entre las principales objeciones, el Banco Mundial remarcó que las empresas beneficiadas pueden importar insumos sin pagar derechos, obtener ventajas frente a productores del continente y luego vender a valores más altos, mientras continúan accediendo a beneficios fiscales. A eso sumó que el esquema vinculado al IVA no habría incentivado una verdadera generación de valor agregado local.
Para el organismo, esta dinámica consolidó un sistema sostenido más por razones políticas que por eficiencia económica. En ese sentido, advirtió que muchas de las firmas radicadas en Tierra del Fuego continúan siendo viables por las transferencias estatales, más que por aumentos genuinos de productividad o capacidad tecnológica.
A partir de ese diagnóstico, el informe recomendó que las políticas industriales incorporen evaluaciones periódicas, incentivos orientados a nuevas inversiones y también mecanismos de salida, como cláusulas de caducidad, para evitar subsidios permanentes a sectores que no logran despegar por sí mismos.
En otro tramo, el documento utilizó el caso argentino dentro de una mirada más amplia sobre América Latina y el Caribe, al señalar que varios países de la región quedaron rezagados frente a economías que sí lograron adoptar nuevas tecnologías, innovar y crecer de manera más sostenida. Allí ubicó a la Argentina entre las economías que, pese a haber tenido condiciones favorables en otros momentos históricos, no consiguieron sostener ese impulso en el largo plazo.