Este nuevo aumento responde al último dato de inflación y se da en medio de fuertes quejas por la baja frecuencia de los colectivos y los problemas para viajar en la ciudad.
El transporte público en La Plata volverá a subir a partir de mayo y el impacto será directo en el bolsillo de los usuarios. Según las estimaciones oficiales, el boleto de colectivo tendrá un incremento del 5,4%, en línea con la inflación del 3,4% informada por el INDEC más el adicional aplicado por la Provincia.
Con este ajuste, el pasaje mínimo con tarjeta SUBE registrada pasará de $948,91 a $1.000,15 para los recorridos de hasta 3 kilómetros. En tanto, el tramo más utilizado —de 3 a 6 kilómetros— alcanzará los $1.091,84.
El resto de las tarifas también se actualizarán: los viajes de 6 a 12 kilómetros costarán $1.181,47; los de 12 a 27 km llegarán a $1.265,28; y los recorridos más largos superarán los $1.335.
Para quienes no tengan la SUBE registrada, los valores serán aún más elevados. El boleto mínimo ascenderá a $1.590,24 y el tramo de 3 a 6 km costará $1.736,02, con tarifas que superarán los $2.100 en los trayectos más extensos.
Por su parte, la tarifa social también se verá afectada. El pasaje mínimo pasará a $450,07, mientras que el tramo intermedio llegará a $491,32 y los viajes más largos rondarán los $600,81.
El incremento llega en un contexto complicado para los pasajeros, que desde hace semanas denuncian demoras, unidades colapsadas y una fuerte reducción en las frecuencias. Aunque las empresas aseguran que el recorte ronda el 10%, usuarios advierten que en algunas líneas la baja sería mucho mayor.
Además, crece la incertidumbre por el funcionamiento del sistema, ya que muchos usuarios señalan que las aplicaciones dejaron de ser confiables para saber cuándo pasa el colectivo.
En paralelo, continúan los reclamos por el Boleto Estudiantil Universitario. Estudiantes aseguran que aún no se acreditaron los pasajes correspondientes a 2026 y alertan sobre posibles recortes. Desde el Ministerio de Transporte indicaron que el trámite sigue en proceso administrativo y que el pago “está al caer”.
Mientras tanto, las negociaciones entre empresas y autoridades siguen sin definiciones claras, y los usuarios continúan siendo los más afectados por un servicio cada vez más irregular.