El oficialismo volvió a poner sobre la mesa dos debates sensibles que ya habían generado fuerte discusión parlamentaria: el financiamiento universitario y la situación de las políticas vinculadas a discapacidad.
En ese marco, el Gobierno presentó una nueva iniciativa sobre pensiones por invalidez, con la que busca reemplazar el esquema impulsado por la oposición el año pasado, mientras también se prepara para avanzar con el tratamiento de otro proyecto referido al sostenimiento económico de las universidades nacionales.
En el caso de las casas de estudio, la propuesta oficial ya se encuentra en el Congreso y comenzará a ser analizada en comisión en las próximas semanas. Según se informó, el objetivo es compatibilizar las necesidades presupuestarias del sistema universitario con las previsiones del Presupuesto 2026, contemplando partidas para funcionamiento, salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles, incorporación de tecnología y financiamiento de hospitales universitarios.
La iniciativa también plantea reforzar el acceso y la permanencia en la educación superior, con especial foco en la terminalidad de los estudios y en la mejora de las condiciones laborales del personal universitario. A diferencia del proyecto respaldado por la oposición, el texto del Ejecutivo no toma como referencia ejercicios presupuestarios anteriores, sino que se enfoca en las previsiones para el próximo año.
Por otro lado, la administración nacional también busca reencauzar la discusión sobre discapacidad con un proyecto que pone el eje en el control de las pensiones no contributivas por invalidez y en la sustentabilidad del sistema. La propuesta fue presentada bajo la denominación de ley contra el fraude de pensiones por invalidez y apunta a ordenar el financiamiento, regularizar deudas y mejorar el funcionamiento del esquema de prestaciones.
Mientras tanto, tanto en el debate universitario como en el de discapacidad persiste la tensión con la oposición, que reclama la aplicación de normas ya sancionadas y cuestiona la postura del Ejecutivo. En ambos casos, además, la discusión política quedó atravesada por fallos judiciales, apelaciones del Gobierno y nuevos intentos por redefinir desde el Congreso el alcance de esas políticas públicas.