La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un testimonio que volvió a complicar su situación judicial. Pablo Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la operación para que el funcionario accediera a la propiedad de Caballito, declaró que existió un acuerdo por un pago adicional de 65.000 dólares que no fue incorporado a la escritura y que, según afirmó, aún no fue cancelado.
Feijoo prestó declaración ante la fiscalía y explicó que ese monto había sido pactado por fuera de la documentación formal de la compra. Según detalló, el arreglo se cerró de manera verbal y tenía como objetivo cubrir parte de los costos vinculados a la refacción del inmueble, una suma que hasta el momento seguiría pendiente.
La operatoria bajo investigación ya estaba bajo la lupa debido a que la propiedad fue adquirida por Adorni mediante un esquema en el que intervinieron dos jubiladas, quienes además le prestaron dinero para concretar la compra. Ahora, la aparición de este nuevo compromiso económico no declarado sumó más interrogantes sobre la verdadera estructura financiera de la operación.
De acuerdo con el testimonio, la vivienda había sido comprada previamente por un valor menor, luego fue remodelada y más tarde ofrecida a Adorni bajo un esquema especial. La escritura se habría realizado por un monto determinado de 230.000 dólares, pero por fuera de ese documento también se habría acordado el pago extra de 65.000 dólares, que no quedó asentado en ningún papel.
La situación abre nuevas dudas en el expediente, sobre todo porque ese pasivo no documentado se agregaría a otras obligaciones económicas que ya son materia de análisis judicial. La fiscalía intenta reconstruir cómo hizo el funcionario para afrontar la adquisición del inmueble y con qué recursos pensaba cubrir tanto lo escriturado como lo comprometido de palabra.
El testimonio de Feijoo cobró especial relevancia porque no se trata de un tercero ajeno a la operación, sino del hijo de una de las jubiladas que facilitaron la maniobra. Su declaración, además, puso el foco en una parte de la negociación que hasta ahora no había quedado reflejada en la documentación oficial.
Mientras avanza la causa, la Justicia también busca determinar si el valor final pactado por la propiedad se ubicó por debajo del precio de mercado y si existieron beneficios o condiciones excepcionales en favor del actual jefe de Gabinete.