La fuerte suba del combustible volvió a poner en tensión al sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en algunas líneas del AMBA circulan hasta un 40% menos de colectivos que en condiciones normales, lo que impacta directamente en las frecuencias, las demoras y la disponibilidad de unidades en la calle.
El relevamiento fue realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires y analizó la evolución reciente de las tarifas, los costos y los subsidios destinados al transporte público de pasajeros. De acuerdo con el trabajo, la oferta total de vehículos se redujo alrededor de un 30% respecto del nivel operativo habitual.
La situación más compleja se observa en los servicios interjurisdiccionales, que dependen de Nación y Provincia, donde la baja llegó al 40%. En cambio, las líneas que funcionan únicamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron un recorte mucho menor, cercano al 5%, lo que ayudó a moderar parcialmente el impacto general.
El informe señala que el aumento del precio del combustible, vinculado al escenario internacional y a la guerra en Medio Oriente, fue el factor que aceleró el recorte de servicios. Sin embargo, los especialistas remarcaron que el problema no se explica solo por una cuestión coyuntural, sino también por dificultades estructurales que el sistema arrastra desde hace años.
En ese sentido, detallaron que la flota operativa registrada en marzo de 2026, antes de la reducción de frecuencias, ya era un 12% menor que la de 2019, lo que equivale a 2.359 unidades menos en circulación.
Otro punto central del análisis es el atraso de los subsidios. Según el reporte, el esquema vigente fue calculado con un valor del combustible de $1.744 por litro, mientras que el precio de mercado ya supera los $2.100. Para compensar esa diferencia, se necesitaría una inyección adicional de $17.500 millones mensuales.
Ese monto debería ser cubierto entre las distintas jurisdicciones: $1.750 millones por parte de CABA, $7.595 millones por el Estado nacional y $8.155 millones por la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el esquema de financiamiento compartido vigente desde 2019.
Los especialistas también advirtieron que, si todo el incremento de costos se trasladara al boleto, la tarifa debería aumentar cerca de un 16% adicional a los ajustes ya previstos para la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
El informe también marca una fuerte diferencia entre el AMBA y el interior del país. Mientras que el boleto mínimo en el área metropolitana ronda los $700, en muchas provincias el promedio ya se ubica en torno a los $1.526, luego de la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público en 2024.
En términos reales, las tarifas del interior ya superan en un 45% los valores de 2019, mientras que en el AMBA recién comienzan a acercarse a esos niveles. En este contexto, Corrientes, Chaco, Formosa, Córdoba y Santa Fe aparecen entre las provincias más afectadas por el peso del transporte sobre los ingresos de los usuarios.
La situación se da en medio de una caída de los subsidios que, desde 2023, se redujeron un 34% en términos reales, lo que vuelve a abrir la discusión sobre cómo se financiará el transporte público y qué impacto tendrá en los pasajeros.