La causa que investiga los movimientos patrimoniales de Manuel Adorni sumó una nueva medida de prueba. El juez Ariel Lijo ordenó analizar el teléfono de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado refacciones por unos 245 mil dólares en la vivienda del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá.
La pericia fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y estará a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. El objetivo es recuperar conversaciones, mensajes eliminados o temporales y posibles registros de contacto entre Tabar y Adorni.
La medida se dispuso después de que el contratista declarara bajo juramento que las obras fueron pagadas en efectivo, en dólares y sin facturación. Además, señaló que antes de presentarse en Comodoro Py habría recibido llamadas temporales por WhatsApp de parte del funcionario.
Según su testimonio, Adorni le habría propuesto hablar y ofrecerle asistencia antes de la declaración. Tabar explicó que en un principio evaluó esa posibilidad, pero luego decidió no avanzar tras consultar con un tercero, para evitar cualquier sospecha de coordinación.
En paralelo, el fiscal Pollicita rechazó el pedido de detención inmediata que había presentado la diputada Marcela Pagano contra el jefe de Gabinete por presunto entorpecimiento de la investigación. Desde la fiscalía señalaron que no se verificaban los riesgos procesales planteados.
En su declaración, Tabar detalló que el vínculo con Adorni comenzó en agosto de 2024, cuando fue contactado por WhatsApp para evaluar trabajos en la propiedad. El presupuesto inicial habría rondado los 94 mil dólares, pero luego se elevó hasta los 245 mil.
Las tareas, según indicó, se desarrollaron entre octubre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron reformas en la entrada, garaje, galería, pisos, paredes, cocina, iluminación, revestimientos y pileta, además de mejoras en equipamiento y mobiliario. También aportó documentación, fotos y videos de la obra.
La investigación continuará con nuevas declaraciones, entre ellas la de Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que le vendió a Adorni un departamento en Caballito. Según consta en la causa, esa operación incluyó 30 mil dólares en efectivo y un saldo de 200 mil dólares sin interés, con vencimiento previsto para noviembre.