El Gobierno nacional incorporó al Programa Tribuna Segura a las personas que registren deudas alimentarias y tengan una restricción judicial vigente, por lo que podrán quedar impedidas de ingresar a estadios deportivos en todo el país.
La decisión fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la resolución 429/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida alcanza a quienes figuren en algún Registro Público de Alimentantes Morosos, de acuerdo con la normativa de cada jurisdicción.
Según se informó, la restricción se mantendrá mientras continúe vigente la situación que la originó. Es decir, el impedimento podrá levantarse una vez que la persona regularice su deuda ante la Justicia y sea excluida del registro correspondiente.
El Programa Tribuna Segura funciona desde 2018 como una herramienta federal para controlar el ingreso a estadios de fútbol y otros eventos deportivos. Allí se incorporan datos de personas con impedimentos dispuestos por autoridades judiciales, policiales o de seguridad de las distintas jurisdicciones adheridas.
La incorporación de los deudores alimentarios formaliza una práctica que ya venía aplicándose en distintos juzgados, donde algunos magistrados ordenaban este tipo de restricciones como medida para presionar el cumplimiento de las cuotas alimentarias.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la nueva disposición podría alcanzar a unas 13 mil personas en todo el país.
La medida tiene antecedentes en distintas provincias y jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 269 ya establecía el rechazo de ingreso a estadios porteños para quienes estuvieran inscriptos en el Registro de Alimentantes Morosos. En Salta, una normativa similar impide el acceso a estadios para espectáculos deportivos o culturales pagos.
Además, en la provincia de Buenos Aires se promulgó una ley que prohíbe el ingreso a casinos, salas de juego y bingos a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Esa norma alcanza a quienes adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, y obliga a los establecimientos de juego a consultar el registro antes de permitir el acceso.