El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley General de Sociedades, con el objetivo de reducir controles estatales, simplificar trámites y ampliar la autonomía de las empresas para definir su funcionamiento interno.
La iniciativa fue anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego detallada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que la propuesta busca adaptar el régimen societario argentino a las nuevas formas de organización económica y atraer inversiones.
Según explicó el funcionario, el proyecto apunta a dejar atrás un esquema considerado rígido y reemplazarlo por un marco más flexible, en el que el estatuto de cada sociedad tenga mayor peso. En ese sentido, indicó que las normas legales pasarán a funcionar de manera supletoria y que la organización interna quedará principalmente en manos de los socios.
Uno de los ejes centrales de la reforma es limitar la intervención estatal. Sturzenegger señaló que las restricciones deberán ser excepcionales y que los registros públicos no podrán dictar resoluciones que impidan aquello que la ley permita.
La propuesta también contempla cambios en el objeto social de las empresas. De aprobarse, las sociedades podrán establecer objetos amplios y múltiples, sin necesidad de que las actividades estén vinculadas entre sí. Incluso, si no se especifica un objeto en el estatuto, se entenderá que la sociedad está habilitada a desarrollar cualquier actividad lícita.
Otro punto relevante es la posibilidad de que las empresas acuerden mecanismos alternativos para resolver conflictos internos. El proyecto habilita a someter controversias al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional, además de incorporar cláusulas arbitrales en los estatutos para evitar que todas las disputas deban pasar por la Justicia ordinaria.
La reforma también incluye una fuerte apuesta por la digitalización. Entre los cambios previstos figuran el domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica y la creación de un legajo digital público para cada empresa.
Desde el Gobierno aseguran que la iniciativa busca reducir la burocracia, dar mayor libertad contractual y modernizar el marco legal para facilitar la actividad económica y la llegada de nuevas inversiones.