La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de evitar que avance el decomiso de bienes pertenecientes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.
El planteo fue realizado luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 dispusiera incluir dentro del decomiso 19 propiedades ubicadas en la provincia de Santa Cruz, que habían sido transferidas a los hijos de la exmandataria y heredadas de Néstor Kirchner.
La defensa de CFK cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la medida alcanzaría bienes de origen lícito, sin que se haya demostrado una relación directa entre esas propiedades y los hechos investigados en la causa. En ese sentido, aseguró que no existen pruebas que permitan afirmar que los inmuebles de Máximo y Florencia Kirchner sean producto o beneficio del delito juzgado.
Entre los bienes objetados se encuentran departamentos y casas en Río Gallegos, además de terrenos en Lago Argentino, todos en Santa Cruz. Según el escrito, esas propiedades fueron adquiridas originalmente por sus padres mediante operaciones legales y con fondos lícitos.
El decomiso había sido impulsado por la fiscalía y luego avalado por el TOF 2, bajo el argumento de que se trataba de activos adquiridos por personas condenadas dentro del período analizado por el tribunal.
A fines de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó esa decisión y sostuvo que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos a terceros o recibidos por vía hereditaria.
La medida dejó firme un decomiso superior a los $684.000 millones y habilitó el avance sobre bienes destinados a resarcir al Estado. Sin embargo, la defensa de la expresidenta insistió en que Máximo y Florencia no fueron condenados en la causa y que, por lo tanto, sus propiedades no deberían ser alcanzadas por la medida.
También plantearon que la decisión afecta el derecho de propiedad, el principio de inocencia y el debido proceso de los hijos de la exmandataria.
Ahora, la Corte Suprema deberá resolver si acepta el recurso de queja y revisa el alcance del decomiso dispuesto por las instancias inferiores.