El Gobierno nacional informó que durante los últimos seis meses fueron expulsados, inadmitidos o puestos a disposición judicial unos 14.000 extranjeros por distintos motivos vinculados a antecedentes, alertas internacionales o irregularidades migratorias.
El dato fue difundido por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de un video publicado en sus redes sociales, donde remarcó que la política oficial apunta a reforzar los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.
Según precisó la funcionaria, dentro de ese universo se encuentran personas con antecedentes penales, ciudadanos con alertas rojas de Interpol, extranjeros con impedimentos legales para ingresar al país, extraditados y quienes intentaron cruzar la frontera sin cumplir con la normativa vigente.
Monteoliva sostuvo que la Argentina permanece abierta para quienes llegan a trabajar, invertir y respetar la ley, pero advirtió que quienes no cumplen las reglas migratorias o tienen causas pendientes “no tienen lugar” en el país.
La cifra representa una suba respecto de los datos informados a comienzos de año, cuando la cartera de Seguridad había comunicado cerca de 5.000 casos entre expulsiones, inadmisiones, capturas y extradiciones.
Desde el Ministerio explicaron que los resultados responden al fortalecimiento de los operativos de control y al uso de herramientas tecnológicas para verificar identidades y antecedentes en distintos puntos del territorio nacional.
Uno de los procedimientos mencionados se realizó en la feria de Villa Celina, en La Matanza, donde efectivos federales identificaron a cientos de personas y detectaron casos de extranjeros en situación irregular. En ese operativo también se secuestraron celulares denunciados como robados y mercadería presuntamente falsificada.
El Gobierno sostiene que continuará con este esquema de controles migratorios y de seguridad, bajo el argumento de garantizar el cumplimiento de la ley y reforzar la vigilancia en zonas fronterizas y puntos estratégicos del país.