La Justicia avanza en la investigación por las denuncias de abusos, torturas y malos tratos contra mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena. Los hechos habrían ocurrido entre el 3 y el 4 de junio, luego de un conflicto interno entre detenidas.
La causa quedó en manos de la Fiscalía N°11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, tras una presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que intervino como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Según consta en la denuncia, tras una pelea dentro de uno de los pabellones, personal penitenciario y agentes del Grupo de Intervención Especial ingresaron al sector y realizaron traslados forzados de varias mujeres. Las detenidas aseguraron que fueron golpeadas, reducidas y obligadas a desnudarse frente a personal masculino.
Los testimonios incorporados al expediente describen episodios de extrema violencia física, amenazas, humillaciones y agresiones sexuales. Las mujeres señalaron a autoridades de la unidad, agentes penitenciarios y miembros del grupo especial como presuntos responsables de los hechos.
Una de las denunciantes relató que fue llevada a una celda de aislamiento, donde habría sido obligada a arrodillarse y sometida a golpes, amenazas y prácticas de asfixia con agua. También denunció que le exigieron besar las botas de una autoridad penitenciaria y que sufrió agresiones sexuales durante el procedimiento.
Otra mujer declaró que fue arrastrada por las escaleras, golpeada y trasladada hacia un sector del penal, donde también habría sido obligada a arrodillarse. De acuerdo con su relato, luego fue reducida, desvestida y abusada mientras permanecía inmovilizada.
Los otros testimonios apuntan a situaciones similares: golpes, arrastres, amenazas, uso de esposas y grilletes durante varias horas, exposición al gas pimienta y permanencia en celdas de contención sin acceso adecuado a agua, comida ni sanitarios.
Las detenidas también denunciaron que, después de ser trasladadas a otras unidades penitenciarias, encontraron pertenencias dañadas, ropa cortada, teléfonos rotos y objetos personales mezclados con basura.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria indicaron que se constataron lesiones compatibles con los relatos y cuestionaron el accionar del personal sanitario del penal. En la presentación también pidieron pericias médicas y psicológicas, el resguardo de las cámaras de seguridad y la declaración de las víctimas bajo condiciones de protección.
Mientras continúa la investigación judicial, el Servicio Penitenciario Bonaerense inició un sumario interno y apartó de sus funciones a autoridades y agentes mencionados en la denuncia.