El caso por las graves denuncias de torturas y abusos contra mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena sumó un nuevo capítulo: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense separó preventivamente a diez agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La medida alcanza a autoridades jerárquicas del penal y a integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias, señalados en el marco de la investigación por los hechos ocurridos entre el 3 y el 4 de junio.
La decisión se conoció mientras avanza la causa penal iniciada a partir de la presentación de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que ya había entrevistado a las mujeres detenidas y expuso los graves relatos incorporados al expediente.
En paralelo, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata admitió la participación de la CPM como Particular Damnificado Institucional, al considerar que los hechos denunciados tienen gravedad institucional y se vinculan con su rol como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Desde la Cámara remarcaron que la investigación no se limita a un posible exceso en el uso de la fuerza, sino que apunta a determinar si existió un esquema de vejaciones, castigos, torturas y abusos dentro del penal.
Según la denuncia, los episodios ocurrieron luego de un conflicto entre internas. Tras esa situación, agentes penitenciarios habrían ingresado a uno de los pabellones, reducido a varias mujeres y trasladado por la fuerza a distintos sectores de la unidad.
Las víctimas denunciaron agresiones físicas, amenazas, humillaciones y abusos. En los últimos días, el Servicio Penitenciario Bonaerense también inició un sumario interno para establecer responsabilidades administrativas.
La investigación continúa tanto en el plano judicial como en el administrativo, mientras se analizan nuevas pruebas y se busca determinar la responsabilidad de cada uno de los agentes señalados.