La Corte dejó vigente la cautelar que ordena recomponer salarios y fondos universitarios

La Corte Suprema rechazó dos presentaciones del Gobierno nacional y mantuvo en pie la medida cautelar que exige actualizar salarios de docentes y no docentes universitarios, convocar a paritarias y reforzar partidas para funcionamiento y becas.

La decisión significa un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y el sistema universitario, aunque el máximo tribunal no resolvió todavía la cuestión de fondo. Su intervención se limitó a revisar aspectos procesales de los recursos presentados por el Estado.

El reclamo había sido impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y gremios del sector, luego de la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei.

En sus resoluciones, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que las decisiones sobre medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas y, por ese motivo, no habilitan una revisión extraordinaria ante la Corte.

De esta manera, continúa vigente la resolución dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 y luego confirmada por la Cámara del fuero. La medida obliga al Estado a cumplir con artículos de la Ley 27.795 vinculados a la recomposición salarial desde 2023, programas de asistencia y becas estudiantiles.

El fallo también mantiene abierta la discusión judicial sobre la constitucionalidad del decreto que suspendió la aplicación de la normativa. Esa definición deberá ser resuelta por el juez de primera instancia Martín Cormick.

Desde el sector universitario sostienen que el acuerdo alcanzado recientemente con el Gobierno representa solo una respuesta parcial. Según gremios docentes, la recomposición ofrecida no alcanza para cubrir la pérdida salarial acumulada desde el inicio de la gestión actual.

En ese contexto, organizaciones universitarias anticiparon que seguirán reclamando el cumplimiento pleno de la ley, la recuperación de los salarios y mayores fondos para el funcionamiento de las casas de estudio.