La Justicia federal retomó el análisis de la evolución patrimonial del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni luego de la finalización del receso judicial de invierno. La Fiscalía prepara un pedido formal para que explique las diferencias que habrían sido detectadas entre los ingresos declarados y los movimientos económicos registrados.
El fiscal Gerardo Pollicita volvió a trabajar sobre un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones, organismo que habría advertido posibles inconsistencias en las finanzas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
A partir de ese estudio contable, la Fiscalía presentará ante el juez federal Ariel Lijo un requerimiento de justificación patrimonial. La medida busca que el exfuncionario detalle el origen de determinados fondos y aclare las observaciones realizadas por los especialistas.
Será la primera oportunidad en la que Adorni deberá brindar explicaciones formales ante la Justicia por la composición y el crecimiento de sus bienes. En caso de que sus respuestas no resulten suficientes, el fiscal podría pedir que sea convocado a prestar declaración indagatoria.
La inversión en Bitcoin, bajo análisis
Uno de los puntos que examina la investigación está relacionado con una inversión en Bitcoin que Adorni aseguró haber realizado en 2014.
Antes de abandonar su cargo, el exfuncionario afirmó públicamente que esa operación le había generado una ganancia cercana a los 500.000 dólares. Ahora, la Justicia intenta determinar si ese dinero corresponde a la “venta de activos” por 565.000 dólares informada en su declaración jurada de 2025.
Los investigadores buscarán establecer la trazabilidad de esos fondos y comprobar si las operaciones declaradas pueden ser respaldadas mediante documentación.
Nuevas denuncias incorporadas al expediente
La causa también sumó presentaciones por presunta falsedad ideológica realizadas por dirigentes de la Coalición Cívica y representantes de organizaciones civiles.
Los denunciantes sostienen que Adorni habría omitido parte de sus bienes en documentación oficial, una situación que podría haber afectado los controles patrimoniales y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Las denuncias habían recaído inicialmente en diferentes juzgados de Comodoro Py, pero posteriormente fueron incorporadas al expediente principal que llevan adelante Lijo y Pollicita.
La decisión de unificar las actuaciones responde a que todos los hechos investigados estarían vinculados con un mismo objeto procesal. De esta manera, en una sola causa se analizarán tanto las sospechas de enriquecimiento ilícito como las posibles irregularidades en las declaraciones juradas patrimoniales del exfuncionario.