El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso nuevas medidas cautelares sobre distintos bienes vinculados a los condenados en la causa Vialidad e incluyó entre ellos el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple actualmente su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La propiedad pertenece a Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y fue incorporada al conjunto de activos sobre los que el tribunal busca garantizar el eventual cumplimiento del decomiso económico fijado en la sentencia.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el marco de la ejecución patrimonial de ese fallo, el TOF 2 estableció un monto de aproximadamente $685.000 millones que deberá ser cubierto mediante bienes pertenecientes a las personas condenadas.
La decisión sobre el inmueble de San José generó interrogantes respecto de si podría tener algún impacto futuro sobre el lugar donde la exmandataria cumple la prisión domiciliaria. Sin embargo, desde el tribunal aclararon que el embargo preventivo no supone una venta, remate ni cambio inmediato en la titularidad del departamento.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso señalaron que el objetivo de estas medidas es impedir que los activos puedan ser transferidos o quedar fuera del alcance judicial mientras continúa el proceso destinado a establecer qué bienes serán finalmente decomisados.
Una nueva etapa sobre los bienes investigados
La resolución forma parte de una segunda instancia de ejecución patrimonial dentro de la causa.
En una primera etapa, el fiscal Diego Luciani había solicitado avanzar sobre 111 propiedades, pedido que posteriormente fue aceptado por el Tribunal Oral Federal 2.
Dentro de ese grupo se encontraban 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, otros 85 relacionados con Lázaro Báez y sus empresas, y seis propiedades pertenecientes a otros condenados en el expediente.
La Cámara Federal de Casación Penal respaldó posteriormente el criterio adoptado por el tribunal y ordenó continuar con el decomiso de esos activos.
Tanto Cristina Kirchner como Lázaro Báez presentaron recursos contra esa decisión, por lo que la definición sobre ese primer conjunto de bienes deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia.
Mientras esos planteos continúan pendientes, el TOF 2 avanzó sobre otro grupo compuesto por 144 activos, entre propiedades, vehículos y participaciones en distintas sociedades.
Dentro de esta nueva tanda de medidas cautelares también fueron incluidos cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Por el momento, el embargo sobre el departamento de San José 1111 busca preservar el inmueble mientras continúa el proceso judicial sobre el decomiso y no modifica la situación habitacional ni la modalidad de cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner.