Una denuncia penal fue presentada contra el expresidente Alberto Fernández, la ex primera dama Fabiola Yáñez y otras personas que podrían haber intervenido en el supuesto uso del avión presidencial Tango 01 para realizar reuniones privadas durante 2020, cuando regían fuertes restricciones por la pandemia de coronavirus.
La presentación fue impulsada por el abogado Ignacio Barrios a partir de información difundida en un informe periodístico, en el que se mencionaron dos episodios ocurridos el 14 de julio y el 10 de agosto de 2020. El objetivo de la denuncia es determinar si para esos encuentros se utilizaron bienes, personal o fondos pertenecientes al Estado nacional.
Según lo planteado ante la Justicia, uno de los hechos habría tenido lugar el 14 de julio de 2020, el mismo día en que se realizó el cumpleaños de Yáñez en la Quinta de Olivos, episodio que años después derivó en una investigación judicial por el incumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.
En este caso, la denuncia sostiene que previamente se habrían realizado distintos preparativos para acondicionar el entonces avión presidencial, que se encontraba estacionado en instalaciones de El Palomar. Entre las tareas mencionadas aparecen el suministro de energía a la aeronave, el traslado de equipamiento, la provisión de alimentos y bebidas y la utilización de personal vinculado a la operación del avión.
Además de Fernández y Yáñez, entre las personas mencionadas figura Leonardo Barone, quien se desempeñó como piloto del expresidente y ocupó un cargo en el área de Logística de la Secretaría General de la Presidencia.
De acuerdo con la presentación, Fernández no habría participado personalmente del encuentro que se investiga, aunque se pretende establecer si tuvo algún grado de intervención en la autorización para utilizar la aeronave y los recursos necesarios para la organización.
La denuncia también menciona un segundo episodio que habría ocurrido el 10 de agosto de 2020, nuevamente con el Tango 01 estacionado en El Palomar. En aquella oportunidad habrían participado personas vinculadas a Yáñez, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre ese supuesto encuentro.
El material difundido periodísticamente incluiría imágenes y videos, pero el escrito judicial advierte que esos archivos deberán ser sometidos a las verificaciones correspondientes para determinar su autenticidad, origen y contexto.
Por ese motivo, el denunciante solicitó que se obtengan registros oficiales, documentación técnica, testimonios y peritajes que permitan establecer si efectivamente se realizaron los encuentros, quiénes participaron en su organización y si fueron utilizados recursos públicos con fines particulares.
Será ahora la Justicia la que deberá analizar la presentación y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal y establecer eventuales responsabilidades.