Una serie de allanamientos realizados en San Martín y Ezeiza permitió desarticular una organización investigada por la presunta confección y comercialización de licencias de conducir apócrifas. Como resultado de los operativos, al menos diez personas fueron detenidas y también fueron demorados empleados de la Dirección de Tránsito de San Martín.
Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y alcanzaron dependencias de tránsito y domicilios vinculados a la investigación en ambos municipios bonaerenses.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, las licencias eran ofrecidas principalmente a través de Facebook y WhatsApp. Entre los compradores habría personas que no podían acceder al registro por las vías habituales, ya sea por problemas médicos, antecedentes penales graves o por haber perdido la habilitación tras acumular infracciones.
La investigación apunta además a establecer si existió participación de trabajadores vinculados a organismos públicos. Por ese motivo, durante los procedimientos realizados en San Martín algunos empleados fueron demorados mientras avanzaban las actuaciones.
Desde la Municipalidad de San Martín rechazaron que dentro de la estructura comunal funcionara una banda organizada y sostuvieron que la maniobra habría sido llevada adelante por personas externas. También indicaron que dos meses atrás habían presentado una denuncia relacionada con este tipo de irregularidades.
Sin embargo, los investigadores buscan determinar si hubo colaboración interna para concretar las operaciones. Entre las maniobras detectadas aparecen el uso de domicilios ficticios, cambios de radicación y otras gestiones destinadas a facilitar trámites irregulares.
La sospecha es que determinadas licencias podrían haberse emitido evitando controles obligatorios, entre ellos exámenes médicos, verificaciones técnicas y controles biométricos.
La causa continúa en investigación para establecer el funcionamiento completo de la red, identificar a todos los involucrados y determinar el grado de responsabilidad de quienes habrían intervenido en la emisión irregular de documentación oficial.