El programa movilizará hasta $2 billones y estará destinado a financiar la compra de la primera vivienda. Los préstamos tendrán un plazo mínimo de 15 años y una tasa máxima de UVA + 7,5%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva iniciativa con la que el Gobierno buscará ampliar la oferta de créditos hipotecarios y facilitar el acceso de las familias a la vivienda propia.
El esquema contempla fondos por hasta $2 billones, que serán canalizados mediante recursos administrados por la ANSES. El objetivo es que las entidades financieras puedan obtener financiamiento a mayor plazo y, a partir de allí, ofrecer nuevas líneas hipotecarias.
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Según explicó Caputo, el programa podría permitir el acceso a soluciones habitacionales para unas 18.000 familias y, al mismo tiempo, generar un nuevo impulso para el sector de la construcción y la actividad económica.
Los fondos se distribuirán a través de licitaciones de $200.000 millones cada una. La primera convocatoria está prevista para la próxima semana.
El mecanismo tendrá dos alternativas para los bancos. Un primer tramo será a un año, con una tasa UVA más un diferencial mínimo de 2,5%, mientras que el segundo tendrá un plazo de cinco años y una tasa UVA +4,5%.
Cada entidad podrá adjudicarse hasta el 20% del monto disponible en cada licitación y dispondrá de un plazo de 90 días para destinar esos recursos a los préstamos correspondientes.
En el caso de los créditos que lleguen a las familias, el Gobierno estableció una tasa máxima de UVA +7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por préstamo.
La iniciativa está orientada especialmente al acceso a la primera vivienda y forma parte de las medidas económicas con las que el Ejecutivo pretende incentivar el crédito y dinamizar distintos sectores de la economía.
El anuncio de Caputo se conoció además en la previa de una jornada importante en la Cámara de Diputados, donde está previsto el tratamiento de proyectos vinculados con la carta orgánica del Banco Central y modificaciones a la denominada ley de Inocencia Fiscal.