La decisión fue tomada por una jueza de Lomas de Zamora, que advirtió que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura necesaria para recibir a más adolescentes privados de la libertad.
La Justicia bonaerense dispuso suspender durante 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que habilita la responsabilidad penal desde los 14 años, al considerar que el sistema provincial no está en condiciones de absorber un aumento inmediato en la cantidad de adolescentes detenidos.
La medida fue dictada por Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
El nuevo esquema había comenzado a regir días atrás y amplía el universo de jóvenes que pueden quedar alcanzados por el sistema penal.
Advierten sobre la capacidad de los centros juveniles
En su resolución, la magistrada sostuvo que los dispositivos bonaerenses destinados a alojar adolescentes privados de la libertad no estarían preparados actualmente para recibir una mayor cantidad de personas.
La incorporación de jóvenes de 14 y 15 años, sumada a las modificaciones previstas en materia de detenciones y prisiones preventivas, podría generar —según el fallo— un incremento tanto en los ingresos como en los tiempos de permanencia dentro de esos establecimientos.
Pascual consideró que aplicar el régimen sin contar previamente con los recursos necesarios podría agravar situaciones de vulnerabilidad y afectar derechos fundamentales de los adolescentes alcanzados.
La medida no anula la ley nacional
La resolución judicial no declara inválido ni suspende a nivel nacional el nuevo régimen penal juvenil.
Lo que establece es una interrupción preventiva de su aplicación dentro del ámbito alcanzado por la decisión judicial, mientras se analiza si existen las condiciones materiales y operativas necesarias para ponerlo en práctica en territorio bonaerense.
Para avanzar en esa evaluación, la jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, a la que deberán asistir autoridades provinciales vinculadas con las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez.
El objetivo será conocer qué medidas fueron adoptadas para adecuar el sistema, qué acciones están previstas y cuáles son los plazos estimados para su implementación.
Además, se ordenó requerir al Ministerio de Seguridad, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la suspensión.
“No estoy en desacuerdo con bajar la edad”
Tras conocerse la resolución, Pascual explicó públicamente que su decisión no implica una postura contraria a la reducción de la edad de imputabilidad.
“No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma”, afirmó.
Sin embargo, cuestionó que la modificación legal pueda traducirse automáticamente en una mejora de la seguridad si no existe detrás una estructura preparada para aplicarla.
La jueza sostuvo además que trabaja bajo un enfoque de justicia restaurativa, orientado a que los jóvenes puedan asumir responsabilidades, reconstruir vínculos y posteriormente reinsertarse en sus comunidades.
La organización que presentó el hábeas corpus celebró la decisión
Desde la Federación Familia Grande Hogar de Cristo valoraron el fallo y reiteraron que su planteo apunta principalmente a las condiciones concretas de aplicación de la nueva normativa.
La entidad sostuvo que un eventual aumento de adolescentes detenidos podría producirse en instituciones que actualmente no cuentan con la infraestructura edilicia, educativa y profesional suficiente para garantizar los estándares exigidos.
La suspensión permanecerá vigente durante los próximos 60 días, mientras la Justicia y las autoridades provinciales analizan las condiciones necesarias para implementar el nuevo régimen.