El expresidente Mauricio Macri cuestionó con dureza la decisión judicial que frenó por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y apuntó contra la jueza Marta Pascual, autora de la medida.
A través de sus redes sociales, el exmandatario sostuvo que la resolución abre un conflicto institucional porque, a su entender, un juzgado provincial dejó sin efecto de manera preventiva una ley nacional aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.
La norma suspendida es la Ley 27.801, que fija en 14 años la edad de responsabilidad penal. Pascual resolvió frenar su aplicación en territorio bonaerense a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
Uno de los principales cuestionamientos de Macri estuvo dirigido a los fundamentos del fallo. Según planteó, la jueza tomó como base la posibilidad de que se produzcan futuras vulneraciones de derechos, aun cuando, desde su mirada, esas situaciones no habían sido demostradas en el expediente.
El exjefe de Estado también puso el foco en la división de poderes. Señaló que el control judicial sobre las leyes debe darse dentro de casos concretos y no a partir de una evaluación anticipada o general sobre una norma que ya fue sancionada.
La decisión de Pascual también fue apelada por el fiscal Hernán Cerutti, quien pidió que la suspensión quede sin efecto mientras el expediente es revisado por la Cámara de Apelación y Garantías.
Desde el Ministerio Público se cuestionó, entre otros puntos, que no se haya identificado un caso puntual en el que un adolescente hubiera sufrido una privación ilegal o arbitraria de la libertad como consecuencia directa de la nueva legislación.
La Fiscalía también objetó el alcance provincial de la medida y el uso del hábeas corpus preventivo para detener la aplicación de la ley en todo el territorio bonaerense.
Otro de los ejes de la discusión pasa por la capacidad del sistema para recibir a adolescentes de 14 y 15 años. Pascual advirtió que la implementación del nuevo esquema podría incrementar la cantidad de jóvenes privados de la libertad y sostuvo que antes deben garantizarse recursos, infraestructura y equipos profesionales adecuados.
Ese argumento también fue discutido por la Fiscalía, que señaló la falta de datos precisos sobre cuántos adolescentes podrían ingresar al sistema, cuántos quedarían detenidos y qué capacidad real existe en los establecimientos disponibles.
Macri cerró su crítica remarcando que considera grave que una ley nacional quede suspendida en una provincia por una resolución judicial de primera instancia y advirtió sobre lo que definió como una alteración del equilibrio entre los poderes del Estado.
Por su parte, Pascual aclaró públicamente que su fallo no significa un rechazo a la baja de la edad de imputabilidad. La magistrada explicó que su preocupación está centrada en las condiciones concretas necesarias para aplicar la nueva normativa sin afectar derechos.