La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia Federal ordenara al Gobierno aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. Horas después, la Casa Rosada confirmó que apelará la resolución y buscará revertirla en una instancia superior.
La decisión fue adoptada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien declaró inconstitucional una parte del decreto 759/2025. Esa norma había promulgado la ley, pero supeditaba su ejecución a la definición de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas presupuestarias necesarias.
El magistrado hizo lugar a los planteos impulsados por el Consejo Interuniversitario Nacional, distintas universidades y docentes, además de una presentación de la Universidad de Buenos Aires. En su resolución, sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía establecer condiciones que, en la práctica, impidieran la aplicación de una ley aprobada por el Congreso y luego ratificada por ambas cámaras tras el veto presidencial.
A partir de ese criterio, Cormick ordenó al Ejecutivo avanzar con la reglamentación y con todas las medidas necesarias para poner en marcha la Ley 27.795. La normativa contempla una recomposición de los fondos destinados a las universidades nacionales, actualización de salarios para docentes y no docentes, mejoras en las becas estudiantiles y mayores recursos para investigación.
El Gobierno irá a la Cámara
Luego de conocerse la sentencia, el Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo de primera instancia. La estrategia oficial será intentar que una instancia superior deje sin efecto la decisión que obliga a aplicar la ley de manera inmediata.
El Ejecutivo sostiene que la implementación de la norma requiere contar previamente con los recursos necesarios para afrontar el gasto. Sin embargo, el juez consideró que la propia legislación establece mecanismos para financiarla, entre ellos la reasignación de partidas y la utilización de ingresos corrientes que superen lo previsto.
El conflicto judicial ya tenía antecedentes. En diciembre de 2025, el mismo magistrado había ordenado aplicar de forma cautelar artículos vinculados con la recomposición salarial de trabajadores universitarios y la actualización de becas. Esa medida fue luego confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el Estado.
Mientras continúa la discusión en los tribunales, también persiste la tensión entre el Gobierno, las universidades y los gremios por los fondos destinados al sistema universitario y la actualización salarial. La apelación anunciada por la Casa Rosada anticipa que la controversia seguirá abierta en la Justicia.