El Gobierno denunciará penalmente a los detenidos por los incidentes durante la marcha universitaria

El Gobierno nacional avanzará con una denuncia penal contra las personas detenidas e identificadas durante los disturbios registrados este jueves en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria.

Desde el Ministerio de Seguridad trabajan en una presentación judicial que podría incluir acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, daño agravado y otras figuras que deberán ser analizadas por la Justicia.

Al mismo tiempo, las autoridades comenzaron a reunir videos, fotografías y distintos registros de los enfrentamientos para intentar determinar quiénes participaron de las agresiones y de los daños ocasionados en la zona.

La jornada dejó al menos 25 detenidos. Entre ellos se encuentra un adolescente de 14 años que habría sido interceptado después de arrojar piedras contra un móvil policial. Por tratarse de un menor de edad, se dio intervención a los organismos correspondientes.

Los incidentes también dejaron ocho integrantes de fuerzas federales heridos: cuatro gendarmes, dos efectivos de Prefectura Naval y dos agentes de la Policía Federal.

Por otra parte, una primera estimación del Gobierno porteño calculó en alrededor de $90 millones los daños provocados durante los disturbios. Los destrozos se concentraron principalmente en mobiliario urbano, veredas, canteros y espacios verdes de la Plaza de los Congresos y sectores cercanos.

Los enfrentamientos se produjeron cuando grupos de manifestantes chocaron con las fuerzas de seguridad desplegadas alrededor del Palacio Legislativo. Durante los incidentes hubo lanzamiento de piedras y otros objetos, mientras que los agentes utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante.

La movilización universitaria había sido convocada para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por los recursos destinados a la educación pública.

Ahora, la investigación judicial deberá determinar la participación y eventual responsabilidad penal de cada una de las personas involucradas en los hechos.