Una investigación periodística señaló que funcionarios del Gobierno de Javier Milei habrían participado en la organización del traslado del senador brasileño hacia Estados Unidos. Bolsonaro cruzó la frontera por Misiones junto a su familia y abordó un avión privado en Puerto Iguazú, en medio de una controversia por las restricciones judiciales que pesaban sobre él.
La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos habría contado con la participación de funcionarios del Gobierno argentino, según una investigación publicada por Infobae que reconstruyó los movimientos del dirigente brasileño y la presunta intervención de integrantes de la administración de Javier Milei.
El senador, que recientemente perdió las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, abandonó territorio brasileño por vía terrestre y llegó a la Argentina acompañado por su esposa y sus dos hijas.
La familia ingresó el martes 27 de octubre, a las 22.50, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.
Posteriormente, alrededor de las 23.30, los cuatro abordaron un avión privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por la empresa argentina Baires Fly S.A.
La aeronave tenía como destino declarado Guayaquil, Ecuador, donde realizó una escala antes de continuar su recorrido hacia Miami, Estados Unidos.
La presunta coordinación desde el Gobierno argentino
De acuerdo con la reconstrucción periodística, la utilización de Puerto Iguazú como punto de partida habría formado parte de una planificación destinada a concretar la salida de Bolsonaro y su familia.
La decisión de trasladarse por carretera obligó a reorganizar los tiempos del viaje, mientras circulaban distintas versiones sobre el paradero del senador.
Entre Brasilia y Puerto Iguazú existe una distancia aproximada de 1.600 kilómetros, un recorrido que puede demandar más de 20 horas de conducción, sin incluir paradas ni posibles demoras en los controles fronterizos.
Según la publicación, inicialmente solo un grupo reducido de funcionarios argentinos habría conocido los detalles del operativo.
Sin embargo, ante las posibles complicaciones legales, se habría solicitado la intervención de representantes de distintas áreas del Poder Ejecutivo para evaluar las alternativas disponibles y evitar consecuencias jurídicas para la administración nacional.
La investigación sostiene que el presidente Javier Milei y funcionarios de primera línea de su Gobierno habrían estado informados sobre la organización del traslado.
Una alta fuente de la Casa Rosada citada por el medio aseguró que la intención era realizar el procedimiento de la manera más ordenada posible.
La orden judicial que complicaba la salida de Bolsonaro
El viaje se produjo en un contexto judicial delicado para el senador brasileño.
Según había denunciado el propio Bolsonaro, el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, había dispuesto que entregara sus pasaportes y permaneciera dentro del territorio brasileño.
La resolución estaba vinculada con una investigación por presunto lavado de dinero.
Frente a ese escenario, quienes habrían participado de la planificación del traslado analizaron diferentes riesgos, entre ellos la posibilidad de que se emitiera una alerta roja de Interpol, que surgieran restricciones sobre el pasaporte italiano del legislador o que se reforzaran los controles fronterizos.
Estos factores habrían influido en las decisiones tomadas para concretar el recorrido hacia la Argentina y posteriormente hacia Estados Unidos.
Migraciones confirmó el ingreso de Bolsonaro y su familia
Después de conocerse la salida del senador, la Dirección Nacional de Migraciones informó que tanto él como su esposa y sus dos hijas habían ingresado regularmente al país.
El organismo confirmó que el cruce fronterizo se produjo a las 22.50 del martes 27 de octubre y que la familia abordó el avión privado unos 40 minutos más tarde.
También señaló que los cuatro viajeros contaban con documentación habilitada y que no existían impedimentos registrados para permitir su ingreso a la Argentina.
Desde el Gobierno nacional defendieron el procedimiento y explicaron que Bolsonaro utilizó su pasaporte italiano, mientras que sus familiares presentaron los documentos correspondientes.
Según la posición oficial, las autoridades argentinas no tenían motivos legales para impedirles el acceso al territorio nacional.
La oposición exige explicaciones sobre la intervención estatal
Las versiones acerca de una posible colaboración del Gobierno argentino provocaron cuestionamientos en el Congreso.
Sectores opositores comenzaron a preparar pedidos de interpelación dirigidos a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y al canciller Pablo Quirno, con el objetivo de obtener información sobre el procedimiento.
Entre los organismos cuya actuación buscan esclarecer se encuentran la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Los legisladores pretenden conocer qué participación tuvo cada dependencia y si existieron instrucciones o coordinaciones previas relacionadas con el traslado del dirigente brasileño.
Preocupación por las consecuencias diplomáticas
El episodio también habría generado malestar en sectores de la diplomacia brasileña, en medio de las diferencias políticas existentes entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la investigación periodística, una fuente vinculada a Itamaraty, la Cancillería de Brasil, consideró que lo ocurrido constituía una provocación.
La situación se produjo después de la derrota electoral de Flávio Bolsonaro y de conocerse las medidas judiciales que restringían su salida del país.
El recorrido del senador incluyó su traslado por tierra hasta Misiones, el embarque en un avión privado desde Puerto Iguazú, una escala en Ecuador y la continuación del viaje hacia Estados Unidos.
Mientras el Gobierno argentino sostiene que los procedimientos migratorios se realizaron conforme a la normativa vigente, las versiones sobre una presunta colaboración de funcionarios nacionales mantienen abierta la controversia.
La principal cuestión que busca esclarecerse es si existió una coordinación directa desde la Casa Rosada para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y qué organismos argentinos habrían intervenido en esa operación.