Con el respaldo de los 71 senadores presentes, el Congreso aprobó un régimen permanente que conserva los principales derechos contemplados en la emergencia en discapacidad. La nueva legislación incluye actualizaciones de aranceles, cobertura médica y compatibilidad de las pensiones con el empleo formal.

El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre, por unanimidad, una nueva ley destinada a garantizar la continuidad de los beneficios y servicios para las personas con discapacidad, reemplazando el esquema transitorio de emergencia que tenía vencimiento previsto para diciembre.
La iniciativa recibió 71 votos afirmativos y contó con el acompañamiento tanto del oficialismo como de los bloques opositores, luego de un debate en el que se reconocieron las dificultades que atraviesan las familias, los profesionales y las instituciones vinculadas al sector.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, conserva gran parte de las disposiciones de la Ley 27.793, pero establece un marco de aplicación permanente.
Qué cambia con la nueva ley de discapacidad
Uno de los puntos centrales es que las personas beneficiarias de una pensión no contributiva por discapacidad podrán mantenerla aunque trabajen en relación de dependencia o estén inscriptas en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La pensión continuará representando el 70% de la jubilación mínima, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.
El régimen también contempla la continuidad de las prestaciones de salud para quienes perciben estos beneficios y cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, sostiene la cobertura del programa federal Incluir Salud, destinado a garantizar la atención médica de las personas alcanzadas.
Actualización de los pagos a prestadores
Otro aspecto relevante para el sector es la continuidad del nomenclador único de prestaciones, junto con un mecanismo de actualización periódica de los aranceles.
Los valores se ajustarán mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de la inflación.
La legislación también incorpora un cronograma para regularizar compensaciones pendientes de pago a los prestadores, una de las principales demandas de instituciones y profesionales.
En cuanto al presupuesto, establece que los recursos asignados al área de discapacidad del Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio anterior.
Controles y auditorías sobre los beneficios
El texto aprobado dispone la implementación de auditorías periódicas destinadas a verificar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema.
Para ello, se prevé el intercambio de información entre organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER.
Estos procedimientos deberán respetar las garantías del debido proceso y contemplar las necesidades particulares de las personas con discapacidad.
Asimismo, la norma fija un plazo máximo de 30 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
Acuerdo entre oficialismo y oposición
Durante el tratamiento parlamentario, los distintos espacios políticos coincidieron en la necesidad de otorgar mayor estabilidad al sistema, aunque plantearon diferencias respecto del financiamiento y la respuesta del Estado frente a los reclamos del sector.
Desde La Libertad Avanza defendieron la implementación de un régimen permanente que permita superar las sucesivas declaraciones de emergencia.
La senadora Patricia Bullrich destacó que la iniciativa representa un acuerdo político y social orientado a dar previsibilidad a las familias.
Por su parte, Alicia Kirchner sostuvo que la aprobación constituye un avance, aunque advirtió que todavía quedan dificultades por resolver.
En tanto, Lucía Corpacci remarcó el papel que tuvieron las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias en los reclamos para sostener los derechos existentes.
Otros legisladores también señalaron la importancia de garantizar recursos suficientes para evitar demoras en los pagos y dificultades en la continuidad de los tratamientos.
Una legislación que busca dar estabilidad al sistema
La sanción llega después de un período de conflictos por el financiamiento de las prestaciones, los reclamos de las organizaciones del sector y las diferencias entre el Congreso y el Gobierno nacional respecto de la emergencia en discapacidad.
Con la nueva normativa, se busca evitar que las principales coberturas y beneficios dependan de prórrogas temporales.
El objetivo es establecer reglas permanentes para las pensiones, las prestaciones médicas y los servicios de apoyo, aunque su aplicación efectiva dependerá de la reglamentación y de la disponibilidad de los recursos presupuestarios previstos.
