La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente detenida en su domicilio y cumpliendo una condena de seis años de prisión por fraude en la causa Vialidad, presentó ante la Justicia un pedido para suspender la ejecución de sus bienes y anular la resolución que ordenó su decomiso.
La solicitud fue realizada este martes, horas antes de que venciera el plazo para que, junto con el resto de los condenados, depositara los 530 millones de dólares fijados por el tribunal oral como decomiso para resarcir al Estado.
En el escrito, redactado en primera persona y también firmado por su abogado, Alberto Beraldi, la exmandataria cuestionó el método utilizado para calcular el perjuicio económico y dejó constancia de que se reserva el derecho de llevar su reclamo a la Corte Suprema.
Aunque Cristina Kirchner no efectuará el depósito, la obligación permanece vigente para los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas José López (6 años de prisión); los exdirectivos de Vialidad Nacional Nelson Periotti (6 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses); y los exfuncionarios de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4 años).
En su presentación, la exjefa de Estado remarcó que el decomiso busca recuperar bienes obtenidos de forma ilícita, pero sostuvo que “toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”, recordando que fue sobreseída en causas por enriquecimiento ilícito.
También afirmó: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado, ni bienes o ganancias que sean producto o provecho del mismo y, por ende, decomisables”.