El presidente Javier Milei endurece su postura fiscal: después de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, avanza con la misma estrategia sobre dos proyectos sensibles: la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a las provincias.
Ajuste con sello presidencial
El Ejecutivo tiene plazo hasta este jueves para vetar la ley que destina más recursos a hospitales pediátricos y hasta el viernes para definir sobre la norma que beneficia a los gobernadores. Según la Casa Rosada, ambos proyectos representan un costo fiscal que amenaza el equilibrio de las cuentas públicas.
El propio Milei lo ratificó en redes: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”.
Señales políticas en tensión
La decisión se toma apenas días después de la derrota electoral en Buenos Aires, donde La Libertad Avanza cayó por 13 puntos frente a Fuerza Patria. En ese contexto, el oficialismo reordenó su estrategia y nombró a Lisandro Catalán como ministro del Interior para recomponer el diálogo con las provincias, bajo la coordinación de Guillermo Francos.
Sin embargo, el posible veto a la ley de los ATN genera malestar en los gobernadores, que consideran la medida un golpe directo a sus finanzas. Sin el respaldo de esos mandatarios, el Gobierno tendrá dificultades para sostener sus vetos en el Congreso, donde se requieren dos tercios de los votos.
Gobernadores en alerta
En privado, los mandatarios provinciales advierten que no viajarán a la Casa Rosada “solo para la foto” y reclaman gestos concretos de apertura. Apoyados en la alianza de Provincias Unidas, confían en que la derrota libertaria en Buenos Aires fortalece su posición política.
Mientras algunos sectores del oficialismo piden mayor flexibilidad, otros sostienen que la prioridad es sostener el ajuste sin concesiones, aun a riesgo de tensar la relación con las provincias y con el sistema universitario y sanitario.
Con este escenario, el Gobierno mantiene la línea dura de su programa económico y abre nuevos frentes de conflicto político y social.