La jueza Loretta Preska del tribunal federal del distrito sur de Nueva York resolverá este lunes si acepta la apelación interpuesta por el Gobierno argentino contra el fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management.
La resolución está vinculada a la histórica sentencia por la expropiación parcial de la petrolera en 2012, que le impone al Estado argentino una compensación de 16.000 millones de dólares.
En el marco de esta causa, Preska convocó a una nueva audiencia en la sala 12A del tribunal, a pedido de los fondos litigantes, que ahora buscan avanzar sobre otras compañías estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, con la mira puesta en posibles embargos.
El fallo previo de la jueza sostuvo que el Ejecutivo nacional –durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner– y el Congreso actuaron de manera irregular en el proceso de estatización, excluyendo a los accionistas privados del derecho de igual tratamiento.
El pasado 9 de julio, el equipo legal argentino presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, cuestionando la competencia de la justicia estadounidense en este tema. En su escrito, advirtió que se trata de un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” que contradice normas del derecho internacional y la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).
Argentina también había solicitado un “stay” para frenar la ejecución de la sentencia mientras se resuelve la apelación, pero esa solicitud aún no fue respondida por Preska.
Según argumenta el Gobierno nacional, la entrega de acciones a Burford pondría en riesgo la gestión energética estratégica del país y afectaría los derechos de los accionistas minoritarios de YPF.