Tenía solo 25 años. Se llamaba Analía Danila Ovando y había denunciado a su expareja por violencia de género. También tenía una medida de restricción vigente. Pero nada de eso alcanzó para protegerla: fue asesinada brutalmente en el bar donde trabajaba, en la localidad santafesina de Villa Guillermina en la provincia de Santa Fe.
El femicida, identificado como Ulises Fabián Gómez, de 21 años, fue captado por una cámara de seguridad escapando en la bicicleta de la propia víctima, minutos después de haberle quitado la vida. Había entrado al bar que Analía administraba y, según confirmó la autopsia preliminar, la degolló con un arma blanca. El lugar, donde ella se ganaba el sustento, terminó siendo el escenario de un crimen evitable.
Analía no murió en silencio. Había hablado, había denunciado. Su entorno lo sabía, la Justicia también. Familiares y amigos contaron que la relación con Gómez fue violenta desde el inicio, y que la perimetral dictada no se cumplió. Él la violó una y otra vez. Y nadie actuó a tiempo.
Gómez fue detenido y formalmente imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Pero esa imputación llega después del hecho. Después del horror. Después de que Analía ya no esté.
Hoy su nombre se suma a la larga lista de mujeres que hicieron lo que tenían que hacer, pidieron ayuda, denunciaron, pero fueron igualmente víctimas de un sistema que no alcanza. Un sistema que falla cuando no actúa con la urgencia que estos casos demandan.
Analía tenía derecho a vivir, a trabajar, a estar a salvo. Pero el Estado no llegó. Y por eso, una vez más, la bronca y el dolor son inevitables.