El Gobierno nacional dio inicio al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), estableciendo un plazo de ocho meses para concretar la operación. La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
La norma instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, mediante su Unidad Ejecutora Especial Temporaria, a llevar adelante el procedimiento de venta del 90% del paquete accionario estatal. En tanto, la Secretaría de Obras Públicas será la encargada de preparar la documentación técnica y contractual, incluyendo el contrato de concesión.
Tasación y venta de acciones
El texto establece que un banco estatal será contratado para realizar la valuación de las acciones que se pondrán a la venta. La operación deberá ejecutarse en el plazo máximo de ocho meses, con colocación en mercados de capitales locales.
La tasación, que tendrá carácter de presupuesto oficial, podrá realizarse por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. En caso de no ser posible, se podrá recurrir a entidades privadas o internacionales, aunque estas no podrán intervenir en el proceso de adjudicación.
En paralelo, el Tribunal de Tasaciones de la Nación manifestó que no podía llevar adelante una valuación completa de la empresa en un tiempo “razonable”, por lo que el Gobierno dispuso avanzar con otras alternativas.
El rol de los trabajadores y el esquema de venta
De acuerdo con la resolución, el 10% restante de las acciones permanecerá en manos de los trabajadores de la compañía, dentro del programa de propiedad participada que ya se encuentra vigente.
El esquema de venta combinará distintos instrumentos bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, el traspaso de acciones apunta a “modernizar el sector” y mejorar la calidad del servicio de agua y saneamiento.
Reacciones políticas
El proceso de privatización había sido habilitado el pasado 23 de julio tras modificarse el estatuto de AySA. Desde entonces, la iniciativa despertó fuertes críticas en la oposición. Legisladores de Unión por la Patria presentaron proyectos para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025, que reforman el esquema de provisión de agua y habilitan la venta de la empresa.