La investigación por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este en vuelos privados sumó este sábado un nuevo capítulo judicial, luego de que el juez federal Ariel Lijo ordenara medidas de protección urgentes para Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation y testigo en el expediente.
La resolución fue adoptada a partir de un planteo del fiscal federal Gerardo Pollicita, después de que la mujer denunciara haber recibido llamadas, mensajes y otras acciones de amedrentamiento atribuidas al periodista Marcelo Grandio, señalado en la causa como una de las personas vinculadas al traslado del jefe de Gabinete.
Entre las disposiciones dictadas por el magistrado figura la prohibición de que Grandio se comunique con la testigo por cualquier medio, ya sea de forma directa o a través de terceros. También se le impuso una restricción de acercamiento respecto de su domicilio, su lugar de trabajo y otros ámbitos que frecuenta habitualmente.
Según se desprende de la denuncia, mientras Tossi declaraba el viernes ante el fiscal sobre los detalles del vuelo que llevó a Adorni a Uruguay, comenzó a recibir insistentes contactos telefónicos y mensajes. La testigo afirmó además que ya había recibido previamente una carta documento con un tono que consideró intimidatorio.
En su presentación, sostuvo que esas acciones buscaron condicionarla y generar presión sobre su testimonio. Durante su declaración, además, señaló que Grandio habría sido quien abonó el servicio aéreo y que también habría pedido que no se emitiera la factura correspondiente por el traslado.
Frente a ese cuadro, el fiscal avanzó con una investigación paralela para determinar si existieron delitos vinculados a amenazas o coacción. En su análisis, remarcó que no se trató de una simple incomodidad subjetiva, sino de hechos concretos que podrían afectar una prueba central dentro del expediente.
Por su parte, Lijo consideró que la insistencia en los contactos y la irrupción de esas comunicaciones en plena audiencia reflejan una situación que debía ser abordada de inmediato para preservar tanto la libertad del testimonio como la integridad emocional de la deponente.
Además, el juez dispuso que se extraigan copias de la declaración y de la documentación aportada por la testigo para profundizar la investigación sobre las presuntas presiones denunciadas. De esta manera, la causa busca avanzar sin interferencias externas en torno al uso de vuelos privados por parte de altos funcionarios del Gobierno.