La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevas medidas de prueba impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Entre los requerimientos aparecen informes sobre propiedades vinculadas al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, además de datos detallados sobre viajes fuera del país.
Uno de los puntos centrales del expediente está puesto en la compra de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. En ese marco, el fiscal citó como testigo al exfutbolista Hugo Morales, quien había sido propietario anterior del inmueble, y también convocó a la escribana que intervino en la operación concretada en noviembre de 2025. Según la causa, ese bien fue adquirido por Adorni a dos jubiladas por 230.000 dólares, con una parte importante financiada mediante un crédito otorgado por las propias vendedoras.
Además, la fiscalía solicitó el historial registral completo de inmuebles relacionados con Adorni y Angeletti, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia. El objetivo es reconstruir titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y otros antecedentes vinculados a esas propiedades. También se pidieron datos sobre el pago de expensas, impuestos y eventuales mejoras o refacciones realizadas en los bienes bajo análisis.
De acuerdo con lo publicado por medios nacionales, el foco está puesto no solo en el departamento de Caballito, sino también en una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La sospecha planteada en la denuncia es que esas adquisiciones se habrían concretado sin que el funcionario se desprendiera previamente de otras propiedades.
En paralelo, la pesquisa avanzó sobre los viajes al exterior realizados por el jefe de Gabinete. Pollicita pidió a Migraciones, aeropuertos y compañías aéreas que amplíen la información disponible para precisar recorridos, escalas, horarios, tipo de traslado y, especialmente, quién contrató y pagó esos desplazamientos. También se requirió documentación sobre reservas, pasajes, equipaje, check-in y medios de pago utilizados.
Ese tramo del expediente se conecta con otra causa abierta en Comodoro Py, donde se investiga el vuelo privado a Punta del Este realizado durante el feriado de Carnaval. En esa pesquisa también se busca determinar si hubo otros traslados compartidos con Marcelo Grandío, vinculado a la productora Imhouse, y si existieron beneficios incompatibles con el rol público del funcionario. La Nación informó además que los investigadores pusieron la mira sobre otro viaje que habría realizado Adorni con su familia a Aruba a fines de 2024, aunque ese punto todavía aparece en etapa de verificación dentro del expediente.
La denuncia original fue presentada por la diputada Marcela Pagano, quien sostuvo que existían inconsistencias entre declaraciones juradas patrimoniales y movimientos económicos atribuidos al funcionario. En ese contexto, la fiscalía dispuso también incorporar al expediente las presentaciones patrimoniales públicas de Adorni.
Por ahora no hay una resolución judicial definitiva sobre el fondo del caso. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Pollicita.