La situación judicial de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitara su indagatoria en una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión.
El pedido apunta a profundizar una pesquisa que, según la investigación, incluye sociedades en el exterior, propiedades no declaradas y movimientos patrimoniales que no coincidirían con los ingresos informados por el funcionario.
Mientras desde el Gobierno sostienen que el expediente ya había sido cerrado, la Justicia avanzó con nuevas medidas de prueba. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó distintas diligencias para revisar documentación, pedir información a organismos públicos y privados, y avanzar con exhortos internacionales.
Uno de los puntos centrales del caso está vinculado a tres inmuebles en Miami, valuados en más de dos millones de dólares, que Vázquez no habría declarado ante los organismos correspondientes. Para los investigadores, esas propiedades formarían parte de un esquema destinado a ocultar el verdadero origen y titularidad de los bienes.
La causa también analiza la participación de sociedades constituidas en el exterior, presuntamente vinculadas al funcionario, y el rol de una consultora local que habría funcionado como pantalla para administrar parte de su patrimonio. Según la hipótesis fiscal, durante años se habría montado una estructura para mantener fuera de sus declaraciones juradas activos y operaciones millonarias.
Otro de los elementos bajo la lupa es la compra de un triplex en Puerto Madero, dentro del complejo Los Molinos Building, que habría sido escriturado por un valor muy inferior al precio real de mercado. Esa operación es considerada sospechosa por los investigadores, que buscan determinar si existió subvaluación.
Por ahora, el juez no fijó fecha para la indagatoria solicitada, pero sí habilitó nuevas medidas para ampliar la investigación. El expediente continuará con el análisis del circuito de fondos, las sociedades involucradas y las propiedades detectadas tanto en Argentina como en el exterior.