En medio del conflicto por el financiamiento universitario y los reclamos por salarios y presupuesto, se sumó un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional y el sector académico. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió a cuestionar las denuncias de ajuste y aseguró que los datos muestran una realidad distinta.
A través de sus redes sociales, el funcionario afirmó que “mienten en cada cosa que dicen” y puso como ejemplo el caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Según los números difundidos, esa unidad académica pasó de 1.968 cargos docentes en mayo de 2023 a 2.095 en febrero de 2026, lo que implicaría un incremento en la planta.
Desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que este fenómeno no es aislado y que la evolución de los cargos docentes se replica en distintas universidades del país, en contraste con las denuncias de recorte que vienen realizando gremios, estudiantes y autoridades académicas.
Sin embargo, desde el ámbito universitario plantean otra lectura: advierten que el aumento en la cantidad de cargos no necesariamente refleja una mejora real, ya que muchos de esos puestos corresponden a dedicaciones simples o con bajos niveles salariales. En ese sentido, remarcan que la discusión de fondo pasa por la pérdida del poder adquisitivo de los docentes, el deterioro del presupuesto y las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
El cruce se da en un contexto de paros, protestas y fuerte incertidumbre en el sistema universitario, donde conviven cifras oficiales que muestran crecimiento en algunos indicadores con reclamos que denuncian una caída en términos reales de los recursos y los ingresos.
La disputa, por ahora, sigue abierta y refleja dos miradas opuestas sobre la situación actual de las universidades públicas en Argentina.